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¿Qué es la participación ciudadana?

Las Administraciones Públicas y de manera especial las Entidades Locales, asumimos que la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos es una necesidad y una apuesta derivada del contexto actual, que habla de una nueva forma de hacer política. La desafección democrática y el alejamiento de los ciudadanos hacia las instituciones, así como las complejas transformaciones económicas y sociales frente a las que nos encontramos, muestran una creciente dificultad para actuar como articuladores de los intereses y preocupaciones de la ciudadanía. Esta situación exige configurar gobiernos basados en la cercanía, la transparencia y la relación directa con los vecinos, a través de procesos de profundización democrática que permitan mejorar la calidad de la participación ciudadana, como complemento al modelo de democracia representativa, habilitando cauces que faciliten a los gobiernos locales, como ámbito de máxima interacción entre ciudadanos y administración, contar con la voz y la opinión de la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas, permitiendo así adoptar mejores y más eficaces decisiones públicas.

El fomento de la participación ciudadana es, también, una obligación que debemos cumplir los gobiernos locales en virtud de lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, y como referente en la materia, la Recomendación (2001) 19 aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 6 de diciembre de 2001, sobre la participación de los ciudadanos en la vida pública en el nivel local, señala expresamente que es en el nivel local donde el derecho democrático puede ejercerse más directamente y que conviene, por tanto, actuar para implicar a los ciudadanos de forma más directa en la gestión de los asuntos locales, salvaguardando siempre la eficacia y la eficiencia de la gestión. En concreto, la Recomendación insta la implementación de una política de promoción de la participación democrática en el nivel local, basada en la implicación de los diferentes niveles territoriales y el aprendizaje recíproco a través del intercambio de información sobre las mejores prácticas de participación. Nuestro bloque de constitucionalidad también asume una nueva cultura participativa, de modo que en el marco constitucional de una sociedad democrática avanzada en el que los poderes públicos deben implicar la participación activa de la ciudadanía en el ejercicio del poder, el reciente Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 interioriza y proclama la necesidad de propiciar la participación ciudadana en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas (artículo 15). En la misma línea, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, trata de adaptar nuestro sistema a las tendencias europeas que proponen reforzar las posibilidades de participación y de incidencia de los ciudadanos en el gobierno local para evitar o corregir el alejamiento de éstos de la vida pública, a cuyo fin establece unos estándares mínimos que constituyen los mecanismos necesarios para la potenciación de la participación ciudadana.

La política de participación ciudadana, se entiende como aquella que trata de ordenar e implantar estrategias para propiciar unos gobiernos locales relacionales, en los que la democracia participativa se convierta en un sistema que estimule una interacción entre la clase política, las administraciones y la ciudadanía, siempre considerando la democracia representativa como el pilar de nuestro sistema. Una política que ordene y coordine las diversas actuaciones, procesos y actores tendentes a propiciar mayores cotas de deliberación y participación para la toma de aquellas decisiones públicas que afectan a los intereses colectivos de nuestro Ayuntamiento.

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